La educación inclusiva y los cambios escolares tienen algunos puntos de acuerdo, pero también desacuerdos. Ahora todas las reformas se declaran inclusivas aunque, en realidad, la mayoría de ellas no se han implementado para evitar la exclusión o frenarla. Y las que si se han creado con esa finalidad muchas veces no dan los resultados esperados. Se apela con frecuencia a la democracia, la justicia y la equidad, pero sin combatir como es debido las dinámicas y estructuras cuyos resultados vulneran valores y principios básicos.
En vez de ideales inclusivos fuera del alcance deberiamos de centrarnos en otros más intermedios. Ahora mismo no es concebible una inclusión plena, pero sí debemos avanzar hacia objetivos modestos e inexcusables. Rebajar significativamente los índices de exclusión actuales ha de ser uno de ellos. Es una cuestión de derechos, no de mejorar posiciones en el ranking internacional. La educación inclusiva –democrática, justa y equitativa– justifica la urgencia de concentrar fuerzas políticas y recursos, organización y pedagogía, aportaciones de muchos agentes, todos los que puedan albergar una conciencia acorde con el valor esencial de la educación, una educación de calidad, de y para todas las personas. Los fracasos existentes son una realidad pero no una fatalidad; se están produciendo social, cultural, política y escolarmente. Por lo tanto, son remediables. Es preciso tomar nota de la realidad y seguir peleando contra las indiferencias y trifulcas políticas que lo único que hacen es empeorar la situación actual.
Aunque salgan fuera de lo políticamente correcto, algunas propuestas son inexcusables: los poderes públicos han de proteger y velar por una escuela pública al servicio del bien común de la educación. Deben corregir la deriva hacia la privatización, liderar un trayecto claro y decidido hacia la inclusión, hacer visible los fracasos, exigir y apoyar a los centros y docentes, centrar sus esfuerzos en la creación de capacidades que en la suma de recursos y decretos. Los centros escolares y la profesión docente deben aceptar su paerte de responsabilidad y redefinir los márgenes de actuación, de responsabilidad y de rendición pública y democrática de cuentas, reivindicar respaldos sociales y ofrecer confianza y garantías a la ciudadanía. Parece que los tiempos que corren no son favorables para la inclusión social y educativa, pero quizás tampoco el núcleo de la cultura, la política y las prácticas vigentes y consentidas en la mayoría de nuestras escuelas. Lo primero está fuera de control; lo segundo es una tarea propia e intransferible desde ahora mismo.
